Se les invita este Viernes 5 de marzo 2010 a las 8:30 am
Conferencia: Presupuesto Nacional 2010
Por: Jesús Alberto Cano Vélez
Será en la Cámara Nacional de Comercio Guadalajara, Salón Guadalajara IV con un desayuno que tendrá costo de $150.00
XVIII Congreso Nacional de Economistas
(18-20 de febrero, Querétaro, Qro.)
DOCUMENTO DE CONCLUSIONES GENERALES
El Colegio Nacional de Economistas, A.C. celebró su XVIII Congreso Nacional de Economistas, “Hacia la Reforma Económica para Revitalizar el Proyecto Nacional”, los días 18 al 20 de febrero de 2010, en la Ciudad de Querétaro, en un contexto particularmente desafiante de la economía mexicana e internacional.
El haberse efectuado la celebración de este Congreso es una convocatoria para iniciar una amplia reflexión nacional, mediante el debate argumentado y el diseño de propuestas de los economistas mexicanos, en el marco de una participación amplia y plural de la sociedad, las instituciones gubernamentales y políticas, para dar respuesta eficaz a la coyuntura de la Nación, en una perspectiva inmediata y de largo plazo.
Más de un cuarto de siglo de semiestancamiento crónico, de incapacidad para generar los nuevos empleos que demanda la sociedad y de creciente desempleo, de pérdida constante de competitividad, de fragilidad fiscal, aumento de la deuda interna, desindustrialización y creciente dependencia alimentaria y energética, migración, aumento de la pobreza y desigualdad, con sus consecuencias sociales y políticas, nos impone la urgente revisión profunda del paradigma seguido hasta ahora y el diseño para su implantación de un paradigma alternativo.
Aunque estos hechos son reconocidos por todos los actores económicos, sociales y políticos, no existe un consenso sobre sus causas profundas y posibilidades de superación.
Esta realidad requiere ser analizada de manera integral, mediante un amplio debate en la opinión pública que contribuya al establecimiento de compromisos de fondo por parte de los actores económicos, sociales y políticos.
Con la celebración de este Congreso y las actividades acordadas en el mismo, el Colegio Nacional de Economistas asume su responsabilidad ciudadana y profesional, en el análisis de las raíces estructurales de la realidad económica, de su evolución y perspectivas, para fundamentar con ello las propuestas de una política económica de los mexicanos.
Los cambios de la Nación demandan un convencimiento de la sociedad y de los poderes públicos, sustentado en razones y argumentos. Las decisiones públicas requieren un amplio debate y respaldo de la sociedad, no sólo por la necesidad de su legitimación, sino porque esta participación ciertamente enriquecerá la sustancia y el compromiso para la realización de las políticas públicas.
El Congreso estableció como objetivo central reflexionar sobre las causas del debilitamiento o extravío del proyecto de desarrollo nacional en las últimas décadas, y la formulación de propuestas alternativas sobre las finalidades, políticas económicas y pactos necesarios para restablecer la autodeterminación económica de la Nación.
El Congreso propone recuperar y fortalecer el proyecto nacional de desarrollo de México como Estado-Nación, en el contexto de la globalización. Se trata de responder a los retos internos y de la mundialización de la economía desde una perspectiva propia, a partir de nuestro proyecto de desarrollo nacional, en el que la autodeterminación económica se constituye en base fundamental de la autodeterminación política y cultural de México ante el mundo.
Hoy resulta evidente que ceder la iniciativa y responsabilidad del desarrollo nacional a actores externos, a través de la apertura al comercio e inversiones internacionales, no ha producido ni producirá una dinámica de desarrollo nacional. La concepción neoliberal está en bancarrota en México y el mundo.
Por ello se considera que las políticas de desarrollo nacional deben tener un alcance integral, estar sustentadas en el mandato constitucional y responder de manera eficaz a las demandas de la sociedad.
Se busca escuchar y tomar en cuenta a todas las voces e intereses, a partir de la premisa del interés prioritario de todos en el fortalecimiento del proyecto nacional.
Las tres mesas que se llevaron a cabo obedecen al mismo propósito. En la primera mesa se analizaron las cuestiones que requieren ser actualizadas para fortalecer el proyecto nacional de desarrollo. En la segunda mesa se discutieron las propuestas de política económica para el desarrollo integral de México en la globalización, y en la tercera se analizaron los componentes y responsabilidades necesarias para un nuevo pacto económico, social y político del país.
Existe una implicación lógica entre las tres mesas, pues en la primera se busca establecer las premisas y finalidades básicas que deben alcanzarse para fortalecer el proyecto nacional de desarrollo, en tanto que en la segunda se plantearon las políticas económicas necesarias para la realización de estos objetivos nacionales, y en la tercera, la necesaria corresponsabilidad de los actores públicos, sociales y privados de la sociedad mexicana en su realización.
Como marco de referencia, el Documento Base de Discusión del Congreso, las relatorías de sus tres mesas de debate, y el presente documento de conclusiones, serán discutidos en extenso y consensados a nivel nacional durante el lapso del próximo Consejo Nacional Directivo 2010-2012.
Para ello, se invitó e invitará a participar a gobernadores de todos los partidos políticos de nuestro país, además de importantes funcionarios federales, estatales y municipales, miembros del poder legislativo federal y de los estados, empresarios, académicos especialistas, representantes de organizaciones laborales, civiles, medios de comunicación y, desde luego, miembros de los colegios de economistas de todo el país.
El acto inaugural del Congreso se realizó en el Teatro de la República, escenario donde se fraguó, en 1917, el proyecto de Nación que es símbolo de nuestra identidad y referente de nuestro desarrollo nacional futuro.
Nos honró con sus palabras de inauguración el Sr. Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, Lic. José Eduardo Calzada Rovirosa.
En el presente Documento de Conclusiones Generales sobre el tema del Congreso: “Hacia la Reforma Económica, para Revitalizar el Proyecto Nacional”, hemos articulado las propuestas más representativas de importantes actores y especialistas mexicanos en la materia.
Se dictaron 5 conferencias magistrales y participaron cerca de 50 ponentes en las 3 mesas programadas de discusión.
Se ofrecieron explicaciones sobre el estancamiento económico del último cuarto de siglo, que amenaza convertirse en permanente, y se concluyó que la actual política económica es incapaz de aumentar el crecimiento económico, la generación de empleos, los ingresos necesarios de la sociedad, y se corre el riesgo casi inminente de un colapso sistémico en el próximo futuro.
Muchos participantes señalaron que la causa profunda del fracaso económico de México es el abandono del mandato constitucional en las políticas económicas para cumplir con el actual paradigma económico.
El paradigma seguido por el país es diferente al que aplican las potencias económicas del mundo. De hecho, somos el último país donde se aplica éste –somos el último samurai del neoliberalismo. Se trata entonces de un problema intrínseco del modelo de desarrollo y no sólo de malas o insuficientes decisiones gubernamentales dentro de sus límites.
Los resultados negativos en materia de crecimiento, empleo y distribución del ingreso corresponden a una economía que sistemáticamente pierde competitividad y que se sustenta en los ingresos fiscales y divisas que aporta el organismo del Estado mexicano responsable de la explotación de los hidrocarburos.
En términos económicos y sociales se observan una elevada concentración de la riqueza y condiciones de competencia oligopólica en múltiples sectores, al mismo tiempo que una reducción drástica y constante del poder adquisitivo del salario.
El poder económico se ha traducido también en un significativo poder político por parte de los actores económicos más relevantes, al tiempo que las mayorías encuentran limitada representación en las instituciones políticas.
El diagnóstico señala que, por ello, el problema de México no es solamente de políticas económicas, sino estrictamente de Economía Política, es decir –en este caso- de la relación entre las políticas del Estado para la producción/distribución de la riqueza y la necesidad irresuelta de modificación del acuerdo que ha favorecido primordialmente a las corporaciones globales nacionales y extranjeras.
Esta condición ha propiciado, entre otros factores, el auge de la economía criminal, que ha aumentado de manera significativa su presencia en todo el territorio nacional, y se ha convertido en una fuerza corruptora universal sustentada en las rentas extraordinarias que genera en los mercados de consumo.
La raíz profunda de este aumento de la economía criminal está en el fracaso de las políticas de desarrollo nacional y sus secuelas de desempleo, pobreza y falta de oportunidades para millones de mexicanos en el campo y la ciudad, justamente cuando –de modo paradójico- el país cuenta con el mayor bono demográfico de su historia.
La vía de transformación debe ser entonces la recuperación del poder nacional, del poder ciudadano y del poder económico de la Nación ante las fuerzas de la economía global y sus intereses particulares.
Frente a la falsa ilusión de que una recuperación estadounidense de la gran crisis económica desatada en el último semestre de 2008 tendría el efecto de provocar la recuperación y el desarrollo en México, se concluyó que profundizar el actual paradigma conducirá –por lo menos- a una mayor agudización de los problemas económicos y sociales.
Una subordinación mayor a la economía global y en especial a la estadounidense no sería una solución; sería, por el contrario, un camino que aceleraría el colapso económico de México.
La pérdida de soberanía económica en que se ha incurrido, conduce a la involución social y política, y a la pérdida de la autodeterminación nacional. La descomposición interna puede facilitar la imposición de poderes externos que subordinen la soberanía nacional de manera permanente.
Ante esta coyuntura histórica, la respuesta es fortalecer el proyecto nacional de desarrollo de México como Estado-Nación, ante las fuerzas de la globalización, con una visión estratégica propia a corto, mediano y largo plazo.
Este fortalecimiento debe ser integral, pues es imposible aumentar la tasa de crecimiento y de generación de empleos mediante acciones sectoriales aisladas. Sólo una visión integral puede ser realmente estratégica.
México debe proponerse como finalidad ser potencia económica por sí mismo, con inclusión social, equidad y respeto al Estado de Derecho, sobre la base del mercado interno en el entorno de la globalización, la restitución de los organismos del Estado en las áreas estratégicas, las empresas de capital nacional y el fomento del sector social, en los términos que establece la Constitución; y abandonar la política pasiva e inercial ante la globalización, que no es sino el acoplamiento a los países centrales, en materia de inversión, comercio, acuerdos fiscales y tecnología, buscando garantizar el desarrollo nacional y un nuevo equilibrio ante las fuerzas geoeconómicas mundiales.
Se propone alcanzar la autodeterminación económica en el marco de la mundialización de la economía, como condición necesaria para dar respuesta a las necesidades de la población mexicana.
Las políticas económicas para el fortalecimiento del proyecto nacional de desarrollo que se señalaron son las siguientes:
1. Establecer una política de desarrollo y competitividad nacional como un acuerdo político del Estado mexicano, con empresarios, trabajadores, campesinos, profesionales, universidades y organizaciones de la sociedad civil, para los próximos quince años.
2. Restablecer la planeación democrática del desarrollo consignada en los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en un marco federalista que integre a la Nación, teniendo por objetivo fundamental garantizar opciones de inversión y empleo capaces de satisfacer las demandas insatisfechas ahora y las que se irán agregando en los próximos quince años.
3. Se requiere una planeación democrática del desarrollo que fortalezca la participación y responsabilidades de las entidades federativas, mediante un federalismo integrador de las economías regionales, el territorio y los intereses nacionales, con el objeto de atajar los riesgos de balcanización del Estado mexicano, resultado de la implantación de políticas en función de intereses externos, apoyados por grupos locales de poder.
4. La rectoría del Estado mexicano sobre el desarrollo nacional debe ser restablecida, en los términos que establece la Constitución, como condición para poder movilizar las capacidades humanas y recursos productivos de la Nación, que están paralizados por el actual paradigma que niega en la práctica los mandatos constitucionales para el fomento de la actividad económica y la redistribución del ingreso y la riqueza.
5. En los albores del siglo XXI, como hace doscientos y como hace cien años, la rectoría del Estado sobre el desarrollo nacional, conducida sobre bases democráticas, es una condición necesaria para hacer compatible la creación de la riqueza con la moderación de la opulencia y la indigencia.
6. Se requiere revertir la contrarreforma del Estado mexicano que impulsó el paradigma neoliberal, para restablecer y fortalecer al mismo tiempo que renovar un equilibrio entre las instituciones públicas y las fuerzas del mercado. Los países con mayor desarrollo humano y participación del gasto público en la economía, constituyen un referente posible para establecer un Estado benefactor en México que garantice a la vez el cumplimiento de las libertades individuales, la justicia, la equidad, respeto a la cultura nacional, al medio ambiente y a los derechos humanos de todos los individuos, dentro del marco de una relación soberana, libre y humana de México con otras naciones.
7. La educación integral de todos los mexicanos es una condición necesaria para avanzar en la transformación del país hacia una Nación más justa y competitiva. La planeación de la educación se debe revisar para que sea congruente con los objetivos nacionales de desarrollo. Lejos de un enfoque reduccionista, se requiere un proyecto para que México sea una de las naciones más cultas y competentes del mundo.
8. La política económica debe tener un claro enfoque desarrollista para alcanzar altas tasas de crecimiento, como lo fue durante décadas en México y como se está realizando ahora en los países asiáticos. Se debe superar de inmediato la parálisis que impone el paradigma neoliberal –mismo que paradójicamente no aplican las propias potencias mundiales que lo promueven con insistencia en nuestro país y el resto del mundo.
9. Los sujetos económicos fundamentales para el desarrollo nacional son los empresarios y sus empresas de capital nacional; los millones de participantes en el sector social de la economía y los organismos del sector público, responsables de las actividades económicas reservadas al Estado. Se debe considerar a la inversión extranjera como un complemento de las empresas nacionales, por lo que deberá subordinarse su participación a los objetivos del desarrollo nacional, de manera correspondiente a las políticas que aplican las potencias económicas, que otorgan una prelación a las empresas nacionales y al mercado interno, como sustento de su propio desarrollo, sin que ello signifique la autarquía económica.
10.Es urgente establecer políticas definidas para la eliminación de la pobreza extrema y la desigualdad en el plazo de una década, mediante una política integral de Estado basada en el empleo y el ingreso, en la que las políticas sociales sean consideradas factores compensatorios y no instrumentos principales, que a la postre perpetúan la desigualdad.
11.Se propone destinar el 100% de la renta petrolera para inversión y no para gasto corriente en un periodo máximo de ocho años.
12.Modificar el marco constitucional y la ley que rige al Banco de México, para que recupere la soberanía de nuestro sistema de pagos e incorpore a sus responsabilidades el mandato de promover el crecimiento económico y el empleo, así como condiciones de reducción de las tasas de interés a largo plazo, alineándolas con las de nuestros socios comerciales.
La política cambiaria debe evitar el sesgo importador pues ello contribuye a la destrucción de la planta productiva nacional. Por otra parte, se debe diversificar el riesgo de las monedas de reserva e iniciar políticas innovadoras mediante el uso de recursos como la plata, como garantía de la moneda, cuestión que ya hacen otros países para proteger su ahorro.
13.Restablecer el mandato y las capacidades de la banca de desarrollo e impulsar una banca privada local y nacional, en el marco de una política de Estado para el ahorro y el financiamiento productivo para el crecimiento.
14.Revertir a lo largo de la próxima década la privatización y extranjerización de las actividades sustantivas de los organismos del Estado en materia de energía, mediante la renegociación y terminación de los contratos celebrados con inversionistas extranjeros, con el objetivo de eliminar la dependencia energética, recuperando nuestra capacidad tecnológica, que se ha desmantelado, y desarrollar las energías renovables por entidades públicas en las áreas reservadas, y privadas de capital nacional en las cadenas de proveeduría.
15.Desarrollar la ciencia y la tecnología, mediante una política de Estado apalancada en los procesos de adquisiciones de bienes y contratación de servicios de las entidades públicas. Reorientar al Conacyt y al Sistema Nacional de Investigadores a los objetivos nacionales de desarrollo.
16.Reindustrializar la economía del país a corto, mediano y largo plazo, mediante una política específica que conduzca a la acción integral, que incorpore el financiamiento, innovación, gestión del comercio exterior, compras de gobierno, fomento integral de las cadenas de valor y la generación de empresas en la nueva economía del conocimiento.
17.Transformar el sector de los servicios, de actividades de refugio para amortiguar los efectos de las recesiones cíclicas, a la de servicios especializados que agregan valor y que generan más y mejores empleos, como el turismo, la educación, la salud, el comercio y los servicios logísticos y digitales.
18.Alcanzar y mantener la soberanía agroalimentaria y nutricional en una década, mediante la aplicación de los mandatos constitucionales en relación a la propiedad social, el reconocimiento de la obligación del Estado mexicano el derecho humano a la alimentación y garantizar la producción y acceso a los alimentos para todos los mexicanos, sobre la base de los campesinos y productores nacionales.
La soberanía agroalimentaria y el control de los recursos naturales tierra, agua y biodiversidad por los productores y campesinos nacionales es necesaria para evitar los choques de precios internacionales de los alimentos, que no pueden ser compensados con aumentos equivalentes en los salarios, lo que lanza a millones de personas a la pobreza alimentaria y pone en riesgo la estabilidad social.
19.Establecer una política de infraestructura que tenga el objetivo de integrar al territorio nacional y abaratar los costos de transporte de bienes y personas, sobre la base de entidades públicas o de capital nacional en donde sea requerido.
20.Acordar una política integral de productividad y competitividad definida en función de los intereses nacionales, para lograr los mayores estándares internacionales en el plazo de una década, que de sustento real a la política de aumentos salariales por arriba de la inflación.
21.Acordar un pacto fiscal para hacer equivalentes las obligaciones y derechos de las personas físicas y personas morales, con los estándares que tienen los países desarrollados, teniendo como objetivo alcanzar el promedio de recaudación de los países de la OCDE en una década.
Es necesario revisar de manera integral el sistema fiscal, el régimen de consolidación fiscal y las exenciones actuales. Debe haber transparencia y rendición de cuentas bajo supervisión ciudadana, sobre la aportación que cada sector hace a los ingresos fiscales, para fundamentar sobre esa base las modificaciones necesarias para aumentar de manera equitativa las contribuciones.
22.Pactar aumentos salariales por arriba de la inflación a lo largo de los próximos quince años, cuando estén sustentados en aumentos de la productividad, con el objetivo de alcanzar una participación de los salarios en el PIB, equivalente al que ahora tienen los países desarrollados en un plazo de quince años.
23.Reintegrar la rectoría del Estado en la seguridad social, pues su objetivo central es garantizar el bienestar y la seguridad de las personas y no la realización de actividades económicas de carácter financiero, que fomentan la formación de monopolios que castigan el ahorro social con bajas tasas de interés y altos costos de operación.
24.Establecer una política macroeconómica para reducir el monto y el servicio de las deudas interna y externa en los próximos quince años, al anclar los niveles de endeudamiento a la capacidad de gestión económica del gobierno.
25.Exigir a los Estados Unidos de América el respeto de los derechos humanos de los mexicanos que están trabajando en este país, y establecer un programa estratégico para la integración de sus actividades, recursos y capacidades al desarrollo económico nacional.
26.Evaluar de manera integral y renegociar los tratados internacionales de comercio, inversión y fiscales, en función de los intereses y objetivos nacionales. Todos los procesos de creación de riqueza deben pagar impuestos en México, que se ha transformado en un paraíso fiscal.
Aunque los participantes en el Congreso presentaron esta propuestas, y otras específicas o complementarias, no se pueden considerar como fruto de un consenso general.
En el sentido del párrafo anterior y a partir de la discusión de los participantes en la mesa 2 sobre asuntos de actualidad inmediata, se cuestiona el reglamento emitido recientemente por el Consejo de Administración de PEMEX -mismo que recae sobre la apertura y privatización de dicha entidad paraestatal - y se destacan las medidas dirigidas en ese sentido, como una controversia constitucional en el Congreso de la Unión y –en nuestro caso directo- el establecimiento de una comisión de seguimiento a este relevante asunto. Por igual, se rechazan el gravamen del IVA a la canasta básica y medicinas, y se propone limitar los regímenes preferenciales, tornando progresiva la tarifa ISR a las personas físicas a la vez que los grandes empresarios paguen el impuesto sobre dividendos.
Se requiere profundizar en el conocimiento de las causas profundas y particulares que explican la realidad económica, social y política del país y hacer una evaluación integral y puntual del modelo actual de desarrollo.
Se acordó por lo tanto convocar a una amplia reflexión nacional durante los próximos meses, mediante un debate plural y argumentado sobre las causas estructurales de la involución económica del país, para sustentar el diseño de políticas de Estado, que respondan a las necesidades e intereses de los mexicanos en los próximos cincuenta años.
Se requiere escuchar y tomar en cuenta a todas las voces e intereses, a partir de la convicción de que es necesaria la participación de todos para revitalizar el proyecto nacional de desarrollo.
Como resultado de los trabajos del XVIII Congreso Nacional del Colegio Nacional de Economistas, A.C. se asume como compromiso, la deliberación, incorporación y formulación de una estrategia propia de desarrollo nacional.
Por lo tanto, las conclusiones generales de este Congreso requieren traducirse en acciones eficaces que contribuyan a la transformación del país.
Lo primero es pensar por nosotros mismos con plena libertad, pero guiados por el imperativo de atajar los graves riesgos que están instalados inercialmente en el país y que demandan la creatividad intelectual, política y ciudadana de los economistas y de todos los gremios profesionales, así como organizaciones civiles.
Para ello se propone un Plan de Acción que movilice las inteligencias y voluntades de los economistas bajo una convicción compartida de que un futuro diferente no solo es posible sino necesario para las actuales y futuras generaciones de mexicanos.
Debemos convocar de manera organizada a todos los colegios estatales para participar en esta gran tarea. Compartiremos reflexiones teóricas de fondo sobre el carácter específico del capitalismo mexicano en el contexto mundial; realizaremos un análisis comparado internacional de las diferentes economías políticas; estimaremos las necesidades a futuro de la sociedad mexicana, para diseñar con todo ello un camino fundamentado en sus fines e instrumentos para la transformación nacional.
En esta tarea será necesario desplegar todos los conocimientos y la sabiduría económica de la que seamos capaces, pues la transformación de las actúales condiciones de desigualdad deberán estar fundamentadas con argumentos precisos y propuestas concretas y realizables.
El Colegio propiciará la sinergia de recursos de información y múltiples estudios y conocimientos que ya están disponibles, pero que no están articulados e integrados en función de un proyecto nacional coherente, integral y consistente en sus fines y medios de realización.
La realización de este y otros Congresos ha sido posible precisamente por que ha existido la voluntad de cooperación corresponsable en una tarea que de otra manera no tendría viabilidad.
Al agradecer a todos los ponentes, participantes, organizaciones, equipo de trabajo y Gobierno del Estado de Querétaro que hicieron posible este XVIII Congreso Nacional de Economistas, también les proponemos mantener esta disposición en las etapas de trabajo en el próximo futuro. Será necesario compartir reflexiones, estudios, especialistas, bases de datos y propuestas de política económica bajo un método integral de trabajo.
Este Congreso, por lo tanto no es conclusivo, sino el inicio de otra etapa de trabajo marcada por el compromiso inmediato de modificar el rumbo de la Nación
Este es el compromiso renovado de todos los economistas mexicanos. Que se puede sintetizar en el Consenso de Querétaro para revitalizar el Proyecto Nacional de Desarrollo.